CD DE MÉXICO

 Un comité especializado de la ONU que desde 2012 analiza las desapariciones forzadas en México, en las que participan autoridades por acción u omisión, publicó un informe el jueves en el que aseguró que este fenómeno es generalizado en el país, no se detiene y la impunidad persiste.

Por eso, y después de años de recomendaciones, utilizó un recurso inédito: pedir a la Asamblea General que examine la situación y proponga medidas para ayudar en la crisis, porque México no puede hacerlo solo.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el planteamiento y definió el documento como “tendencioso” y sin rigor jurídico.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, una de las organizaciones no gubernamentales mexicanas expertas en el tema, lo consideró “la evaluación reprobatoria más contundente del fracaso del Estado mexicano frente a la crisis de desapariciones a lo largo de cuatro gobiernos de tres partidos distintos”, es decir desde 2006.

En un comunicado, casi medio centenar de colectivos de familias pidieron diálogo al gobierno y que asuma su responsabilidad, porque mientras continúe negando la evidencia condenará a México a que los crímenes se repitan y mantendrá a los familiares “en un camino de tortura”.

Estas son algunas claves para entender la crisis de las desapariciones en el país:

Durante el último tercio del siglo XX hubo desapariciones fruto de las políticas represoras del momento pero, a partir de 2006, cuando se inició la guerra frontal contra el crimen organizado, las cifras se dispararon y, de pocos miles, ahora el registro oficial tiene más de 132.000 desaparecidos.

Además, se siguen descubriendo enterramientos clandestinos y, según los datos de la ONU, hay unos 72.000 restos humanos no identificados en distintas morgues o fosas del país.

El registro oficial ha sido cuestionado de distintas maneras. El expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) intentó depurarlo, pero la persona responsable de hacerlo se negó y dimitió.

El gobierno de Sheinbaum acaba de decir que no tiene datos suficientes para buscar a un tercio de la cifra registrada, y que otro tercio ha tenido algún tipo de actividad después de la desaparición y podrían ser ausencias voluntarias, por lo que aquellas personas que habría que buscar serían sólo el tercio restante.

Las familas criticaron este análisis, exigieron saber cómo se llegó a esos datos y recordaron que hay miedo o problemas para denunciar. Según el informe, hay menos de 4.000 investigaciones en marcha.

El diágnostico de la ONU: crisis generalizada en un México desbordado

El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) concluyó que existen “indicios bien fundados de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y se siguen perpetrando en México como crímenes de lesa humanidad”, y por eso pidió la intervención de la Asamblea General.

En el documento, reconoció que no hay una política federal que ordene cometer tales crímenes, pero sí ataques generalizados o sistemáticos en diversos lugares con patrones conocidos que, aunque los realicen organizaciones criminales, cuentan con la “autorización, apoyo o aquiescencia” de las autoridades, entendiendo esta última frase también como el hecho de no prevenir, no investigar o no llevar a los culpables ante la justicia, con lo que el problema se perpetúa.

La respuesta oficial: rechazar los datos

México contestó al CED que la mayor parte de las desapariciones las realizan los cárteles, no el Estado, y que la falta de debida diligencia al investigar no puede considerarse complicidad.

En un comunicado, señaló que la decisión del Comité “es parcial y sesgada”, no tiene “rigor jurídico” y que el gobierno “ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”. Luego un alto funcionario de la cancillería escribió en la red social X que México no niega los retos que tiene y que está abierto al diálogo, pero que el Comité se excedió en su mandato.

Los avances y los pendientes

México cuenta desde 2017 con una ley general sobre desapariciones, y en el gobierno de López Obrador se pusieron en marcha protocolos y comisiones oficiales de búsqueda, pero tanto organizaciones no gubernamentales como académicos coindiden en que faltó coordinación entre los distintos estados, recursos y voluntad política con visión de largo plazo.

Ahora el Comité le pide a la Asamblea General que brinde cooperación técnica en las áreas de búsqueda, análisis forense e investigación, que se busque apoyo financiero y se establezca un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y proporcionar asistencia y protección a las familias.

La ONU ha matizado que el objetivo es movilizar la atención y el apoyo internacional, pero no establecer responsabilidades penales individuales.

Desconoce cuándo se debatirá el tema en la Asamblea General, y cuáles serán las propuestas exactas que presentará a ese foro el secretario general António Guterres pero, para que cualquier medida se concrete, México tendría que aceptarla.

El gobierno mexicano anterior no aceptó un mecanismo internacional para la crisis forense (los restos no identificados), aunque sí asesoramiento. Pero la estructura que creó no avanzó. Dada la respuesta oficial actual, la negativa de México podría repetirse.

Las familias, en el desamparo

En la últimas décadas las familias se han organizado para presionar a las autoridades, para lograr avances jurídicos, para encabezar las búsquedas —aún jugándose la vida—, y para pedir ayuda internacional.

Guadalupe Fernández, de 76 años, lleva 17 buscando a su hijo José Antonio Robledo, un ingeniero desparecido en el norteño estado de Coahuila por miembros del cártel de los Zetas, coludidos con autoridades estatales.

Fernández recibió la decisión del Comité con euforia, porque fue una de las personas que viajó hasta Ginebra para dar su testimonio en 2015 y siempre confió en que se activaran mecanismos para que México trabajara con la ONU. La respuesta del gobierno la dejó sumida en la desesperanza.

“Si miramos para otro lado como país, vamos a seguir desamparados”, señaló.

La mujer dijo estar harta de que cada gobierno que llega “primero muestre sensibilidad y luego todo queda en el olvido”. Subrayó que las leyes ya están, “el problema es que se apliquen”.

Mientras cuida a su esposo enfermo, resumía con una frase el malestar de muchos familiares como ellos: “Mientras no encontramos, nos estamos muriendo”.